Por Yuri Simeon
Desde el Observatorio de la Alimentación Escolar (ÓAÊ)
El miércoles (18), el Congreso Nacional aprobó la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) para 2025, rechazando la inclusión de un ajuste para el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE).
Sin aumentos durante dos años, el presupuesto del PNAE ha sido erosionado por la inflación de los alimentos. Como resultado, los desafíos para garantizar el derecho a una alimentación escolar saludable y adecuada serán aún mayores el próximo año.
Para Débora Olímpio, asesora ejecutiva e investigadora del ÓAÊ, este retroceso para el derecho a la alimentación escolar refuerza la necesidad de un mecanismo que garantice un ajuste anual, automático y permanente del presupuesto del PNAE, como propone la campaña “Reajusta PNAE Siempre”, lanzada por el Observatorio.
“Cada año luchamos por un ajuste solo para mantener el poder adquisitivo del PNAE, que es lo mínimo. La alimentación escolar no puede seguir dependiendo de la voluntad política del Congreso Nacional y del Gobierno Federal, ni estar sujeta a constantes ajustes fiscales y fluctuaciones en los precios de los alimentos. Es un derecho y una inversión crucial en la lucha contra el hambre. Necesitamos un ajuste anual y automático”, explica.
El último aumento fue aprobado por el Congreso en 2022 y sancionado por el presidente Lula en 2023. Desde entonces, la inflación de los alimentos (medida por el índice de alimentos y bebidas del IPCA) ha seguido en aumento, con proyecciones que indican un incremento del 6% en los últimos dos años.
Esto significa que, para mantener el poder adquisitivo que tenía a principios de 2023, el presupuesto del PNAE para 2025 necesitaría un ajuste mínimo de R$300 millones. Desde 2010, con ajustes esporádicos que no han logrado seguir el ritmo de la inflación alimentaria, el poder de compra del programa ya ha caído un 42%, según estudios del Observatorio de la Alimentación Escolar (ÓAÊ).
Aunque el ajuste no fue incluido en la LDO, fue aprobado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, pero posteriormente rechazado por la Comisión Mixta de Presupuesto, Planes Públicos y Fiscalización del Congreso Nacional. La decisión se justificó con el argumento de que el aumento dificultaría la “flexibilidad presupuestaria” y el “cumplimiento de las metas fiscales”.